La Oficina del crimen sigue abierta

La Oficina de Envigado es la estructura criminal más extraña que ha crecido y perdurado en la historia reciente del país. A pesar de su largo historial, las autoridades de Medellín suelen molestarse cuando alguien la menciona e incluso dicen que no existe, que se acabó con la muerte de Pablo Escobar o con la extradición de Don Berna. Sin embargo, la captura esta semana del secretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Gustavo Villegas, dejó en claro que la Oficina sigue despachando y que sus tentáculos se extenderían no solo a los organismos de seguridad, la Fiscalía o la Justicia, sino al centro administrativo de La Alpujarra.

La detención de Villegas, quien ha sido uno de los alfiles del alcalde Federico Gutiérrez, tiene conmocionados y sorprendidos a los paisas, en especial a quienes lo conocen como un empresario que se ha jugado su vida y prestigio por mejorar la convivencia en la ciudad. La Fiscalía lo acusa de fomentar y promover supuestamente a ese grupo delincuencial. Conocido aparentemente con el alias del Ingeniero, según la Fiscalía Villegas tenía contacto permanente con Julio Perdomo, un hombre de vieja data de la Oficina que por muchos años controló una zona de la ciudad. Para comunicarse entre los dos usaban un mensajero: Mariano Zea Ospina, un contratista de la secretaría que también ha trabajado en las administraciones de Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria. Mariano Zea, según las autoridades, llevaba razones en las que Villegas advertía sobre actuaciones contra miembros de la Oficina, hacía reclamos, pedía favores o recibía información clave.

Según la Fiscalía, la relación entre Villegas y Perdomo fue tal que el funcionario le advirtió con varias semanas de anticipación que la Fiscalía estaba preparando una orden de captura en su contra, la misma que se concretó en abril. También, el organismo menciona la captura de tres fleteros que en enero atracaron a una mujer en la autopista Norte de Medellín. En su momento, la denuncia salió en las redes sociales con un video en el que se mostraba el atraco. Entonces Federico Gutiérrez saltó al ruedo y dijo que él se apersonaba de la búsqueda con el apoyo de Villegas y de la Policía Metropolitana.

Los fleteros cayeron en tiempo récord, pero, según la Fiscalía, la captura no fue tal porque Villegas les habría pedido ayuda a Julio Perdomo y Édinson Rodolfo Rojas, alias Pichi, otro miembro de la Oficina preso desde 2013, quienes presionaron a los atracadores para entregarse. Además, cuando un combo de la comuna uno de Medellín extorsionó al conductor de un camión de la empresa Surtialimentos, propiedad de Villegas, este no hizo la denuncia, sino que le pidió a Perdomo intervenir para que no ‘vacunaran’ a sus trabajadores.

Pero algo distinto piensa Villegas frente a las acusaciones de la Fiscalía, que a decir verdad aún no las ha sustentado con contundencia. Según el exfuncionario, todos sus contactos con delincuentes de la Oficina se deben a su trabajo como secretario y al proceso de sometimiento que estaba ayudando a consolidar en la ciudad. Trabajo plenamente documentado que estará en el corazón de su defensa, así como la mala hora por la que está pasando.

La Fiscalía también acusa a Villegas de adelantar un proceso para someter a la Justicia a una parte de la Oficina, sin permiso del gobierno y en beneficio de esa organización criminal. Sin embargo, según Villegas, hizo esa aproximación amparado en las normas que facilitaron los acuerdos con las Farc en La Habana y con conocimiento del gobierno. Por eso, muchos no entienden por qué la Fiscalía considera que eso sea un delito. Sin embargo, en las pruebas en su contra sí se ve que Villegas, por ejemplo, presionaba para que las organizaciones entregaran criminales, porque esto ayudaría a darle credibilidad al proceso.

 ¿Cuándo empezaron estos acercamientos y qué papel desempeñó Villegas? El año pasado la fiscal Alexandra Vélez, al frente de la Unidad de Vida, había logrado con el apoyo del entonces director de la Fiscalía de Medellín, Germán Darío Giraldo, y del entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, una negociación con Julián Andrey González, alias Barney, y con alias Pichi, capos importantes de la Oficina, quienes desde la cárcel ayudaron con la entrega de varios hombres importantes de la delincuencia en Medellín y revelaron la ubicación de una caleta con varias armas. Al brindar información estaban buscando beneficios judiciales.

Pero la labor de Vélez molestaba a alguien, por lo que la removieron de la Unidad de Vida. Después del inconveniente, Barney y Pichi quisieron seguir dando información para obtener beneficios, y a través de Julio Perdomo pudieron llegar a la Secretaría de Seguridad y a Villegas. Por esa época ya se hablaba de la intención de la llamada Oficina o, como ellos mismos se hacen llamar, la Dirección Colegiada de los Grupos Armados Urbanos al Margen de la Ley de negociar con el gobierno nacional, someterse y encontrar algunos beneficios legales.

SEMANA reveló en marzo del año pasado dicho comunicado, que tenía una fuerte influencia de los combos del norte del Valle de Aburrá, muchos de ellos manejados por alias Tom. Este proceso contaba con el apoyo de un grupo de la sociedad civil conocido como Sinergia y de monseñor Darío de Jesús Monsalve, obispo de Cali. El mismo sacerdote tuvo una reunión con Federico Gutiérrez, quien se mostró a favor de la iniciativa siempre y cuando tuviera el apoyo de la Fiscalía.

Luego hubo una reunión en la Secretaría de Seguridad en la que participaron Gustavo Villegas, Henry Holguín –en nombre de Sinergia– y dos representantes de monseñor Monsalve: Julio Perdomo y Jorge Fernando Gaviria, hermano del senador José Obdulio. Después definieron que ni a Sinergia ni a monseñor los tendrían en cuenta en la negociación. Algunos miembros de la Oficina interpretaron eso como una preferencia por los subgrupos comandados por Douglas, Perdomo, Pichi y Barney, y contra el ala liderada por alias Tom. Es bien sabido que aunque el grupo criminal dice ser colegiado, Tom tiene el apoyo del Clan del Golfo y Douglas no.

Para contar con una plataforma y atender una posible desmovilización, la Secretaría de Seguridad tenía un contrato con su asesor Gaviria, a través del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), por 81 millones de pesos. De igual forma, el ITM firmó un contrato administrativo con la Secretaría de Seguridad por 4.228 millones para “garantizar la continuidad de los procesos de reintegración social, económica y educativa para la convivencia, la paz y la reconciliación”. Es decir, toda la plataforma para soportar una eventual desmovilización.

Un documento elaborado por la Secretaría de Seguridad y sus asesores, que ha sido presentado como prueba por la defensa, tiene como título ‘Por la cual se dictan disposiciones para el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de una paz estable y duradera en los territorios’, y especifica los pasos a seguir para atender la desmovilización de organizaciones criminales entendidas. El documento fue conocido por el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, y por el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Ahora bien, un proceso de estos requiere de la aprobación y acompañamiento del gobierno nacional, algo que no ocurrió.

Hasta ahora, más allá de –supuestamente– pasar información o de cruzar de forma indebida algunas líneas, la Fiscalía no ha mostrado pruebas que revelen que Villegas haya recibido beneficios económicos por adelantar este proceso. Aunque contradictores suyos de la Oficina le dijeron a SEMANA que sin duda van a aparecer. Lo cierto es que el caso de Villegas dejó al descubierto que la Oficina está dividida y que este enfrentamiento se refleja en los organismos de seguridad, la Justicia y la Fiscalía de la ciudad. Mientras que Villegas no se acogió a ninguno de los cargos y dijo que defenderá su inocencia, es claro que ahora, más que nunca, el alcalde Gutiérrez requiere que el gobierno nacional decida si le interesa adelantar un proceso de sometimiento con la Oficina y otras organizaciones criminales o si los va a combatir. Pues eso marcará en buena medida la seguridad en el Valle de Aburrá, en especial en Medellín.

Algunos positivos de seguridad en Medellín tuvieron ayuda de la Oficina de Envigado: Fiscalía

En la imputación de cargos al exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, el ente acusador aseguró tener pruebas de que algunos buenos resultados de la administración de Federico Gutiérrez se obtuvieron gracias a Julio Perdomo y alias Pichi, hombres de la estructura criminal.

En la audiencia de imputación de cargos al exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, las acusaciones de la Fiscalía dejaron dudas sobre cuál ha sido el actuar de las autoridades de la capital paisa para lograr los tan cacareados positivos que se han anunciado durante la alcaldía de Federico Gutiérrez.

En enero se hizo viral el video de un hurto en la autopista Norte de Medellín, una mujer que iba en un carro particular fue atracada por hombres en motocicletas. Desde las redes sociales le pidieron al alcalde una pronta solución en una ciudad donde los hurtos denunciados aumentaron en 3.000 casos para 2016. Como respuesta, Gutiérrez trinó: “Yo mismo estoy encargado para se capture a esos 3 cobardes ladrones. Reunido con @PoliciaMedellín. Sólo hay una opción: ¡agarrarlos!”.

Aquí puede leer la historia: Los tres atracadores que el alcalde de Medellín persiguió toda la noche

El mensaje fue claro para las autoridades y para los delincuentes: había que actuar de inmediato. En un tiempo récord los hombres fueron capturados, esa fue la historia que trascendió a los medios y que se reportó desde las oficinas de la Alpujarra, sin embargo ahora todo dio un giro inesperado.

 En la imputación de cargos a Villegas, la Fiscalía aseguró que la captura no fue tal, pues el secretario de Seguridad le pidió ayuda a Julio Perdomo, alias El Viejo, antiguo hombre de la Oficina de Envigado que pagó condena y quien gozó de libertad hasta que en abril fue capturado por ser el supuesto responsable de dos desplazamientos en el occidente de Medellín. También habría ayudado en la búsqueda Édinson Rodolfo Rojas, alias Pichi, otro miembro de la misma estructura delincuencial que fue capturado en 2013 y quien habría recibido como beneficio por sus ayudas un traslado de la cárcel de Valledupar a la de Itagüí.

Según pruebas aportadas por el fiscal 64 especializado, hubo un cruce de mensajes el cual relató así: “Ayúdenme con los fleteros, localizando a los que están buscando y a que le bajen. Eso ayuda mucho para lo que sigue. “Pichi” intercedió para que estas personas se entregaran, porque el doctor Gustavo Villegas y Mariano, su asistente, le pidieron el favor para que se hiciera la entrega. Gustavo Villegas y Mariano se comunicaron con Julio Perdomo, que cómo se podía hacer para que estos se entregaran”. El fiscal también aseguró que cuando el alcalde Gutiérrez le preguntó a Villegas por el caso, este respondió: “No se preocupe, ya los tengo”.

Hay que aclarar que cuando Villegas se refiere a “eso ayuda para lo que sigue” está hablando de un proceso de sometimiento a la justicia de un ala de la Oficina de Envigado, encabezada por alias Douglas, sometimiento en el que se entregarían estructuras a cambio de beneficios jurídicos, un tema que no era desconocido por nadie en la Alpujarra y que sonó bastante en los medios.

La confianza entre Villegas y Perdomo llegó a tal punto que, aseguró la Fiscalía, hubo una reunión entre los dos y a la que asistió también Mariano Zea Ospina, también capturado, en la que se le advirtió a Perdomo, una semana antes de que se hiciera efectiva, que había sido emitida orden de captura en su contra. Y es que al parecer se debían varios favores, pues cuando un carro de la empresa Surtialmientos, propiedad de Villegas, fue retenido por un combo delincuencial en el barrio Santo Domingo Savio, con el fin de que pagara una extorsión de 150.000 pesos, el entonces Secretario de Seguridad se quejó con Perdomo, quien finalmente solucionó el problema.

Las acusaciones que la Fiscalía ha levantado contra Gustavo Villegas no son de poca monta, pues van al corazón mismo de la política principal de la alcaldía de Federico Gutiérrez, quien hasta el momento ha dicho que su orden siempre fue atacar la delincuencia desde la legitimidad. Sin embargo, el alcalde, que se ha caracterizado por su papel activo en las redes sociales, ha permanecido en un mutismo extraño.