El Proyecto Meritage y sus problemas jurídicos

La extinción del lote de Meritage afectaría a Envigado

Fuente: El colombiano.com.co POR GERMÁN JIMÉNEZ MORALES | PUBLICADO EL 04 DE FEBRERO DE 2017

Si la Fiscalía le llegara a declarar la extinción de dominio al lote sobre el que se desarrolla el proyecto Meritage, los intereses públicos del Municipio de Envigado también podrían verse afectados. Así lo manifestó a EL COLOMBIANO el director de Planeación de esa localidad del sur del Valle de Aburrá, Esteban Salazar, quien precisó que en virtud de una medida como esa Envigado tendría que hacerse parte del proceso, a fin de reclamar lo que los desarrolladores de Meritage le adeudan hoy por impuesto de construcción y obligaciones urbanísticas.

La liquidación de ambos conceptos, para la primera etapa del complejo urbanístico, ascendió a 10.000 millones de pesos, de los cuales los particulares han cancelado a la fecha 8.000 millones de pesos. Los 2.000 millones de pesos restantes tendrían que entrar a reclamarlos dentro de un eventual proceso de extinción de dominio. Según Salazar, Meritage es la obra privada más grande que se encuentra paralizada en Envigado, en donde, por cierto. “esa es una situación atípica, no es lo común en nuestro municipio”, precisó el funcionario.

Aporte privado

El secretario de Planeación confirmó que los inversionistas privados de Meritage y los dueños de predios aledaños, aportaron, sin ninguna contraprestación, 1.000 millones de pesos para facilitar el traslado del viejo peaje de la variante de Las Palmas-Aeropuerto de Rionegro. Envigado le había solicitado a la Gobernación de Antioquia que reubicara el peaje, porque, entre otras consideraciones, se tenían tres peajes en un radio inferior a tres kilómetros. El gobierno seccional y el concesionario de la vía manifestaron su interés en hacer las obras de infraestructura, pero con la condición de que el municipio habilitara los predios.

Como Envigado no tenía el dinero para ello, una junta de 15 propietarios de lotes adquirieron el terreno que se necesitaba y lo cedieron a la Gobernación de Antioquia. Según Salazar, los particulares no recibieron contraprestación alguna, ni se les dieron gabelas en cuanto a normas urbanísticas para sus proyectos ni se cruzaron sus aportes con liquidaciones de obligaciones urbanísticas o impuestos

Así es el lío millonario que frenó a Meritage

Fuente: El colombiano.com.co POR GERMÁN JIMÉNEZ MORALES | PUBLICADO EL 04 DE FEBRERO DE 2017

Meritage está ubicado a cinco minutos del peaje de la variante Las Palmas-Aeropuerto de Rionegro y está paralizado desde agosto de 2016. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ.  Infografía. $32 mil millones pagaron por el lote los promotores del proyecto Meritage en 2013.  3.000 millones de pesos llegan a valer las casas del proyecto Meritage, que comienzan en $1.400 millones. $470mil millones es el valor estimado de las ventas del proyecto inmobiliario Meritage, en Envigado. $150 millones diarios pierde Meritage por la parálisis. La cuenta ya va en $27.000 millones.
 EN DEFINITIVA: La suerte del proyecto Meritage está en manos de la Fiscalía y los jueces. Sus ventas estimadas son de $470.000 millones. Hasta el momento, van invertidos allí $110.000 millones.
 Tres centros comerciales del tamaño de El Tesoro, situado en Medellín. Tal es la dimensión del lote sobre el que se estaba levantando el proyecto inmobiliario Meritage, ubicado a cinco minutos del peaje de la variante Las Palmas-Aeropuerto de Rionegro. Sí, estaba, porque desde el 3 de agosto de 2016 se envejecen las cinco estructuras en obra negra que se alcanzaron a edificar, luego de que un hombre de negocios reclamara el predio que presuntamente le arrebataron en 2004 mafiosos de “la Oficina de Envigado”, a quienes denunció penalmente.

Los intereses en juego se tasan en miles de millones de pesos y la definición de los ganadores y perdedores dependerá de la manera como la justicia dirima la batalla legal que libran las partes y que incluye denuncias recíprocas de tipo penal. El complejo urbanístico, que consta de locales comerciales, apartasuites y casas campestres, se comenzó a ejecutar en un terreno de 56 hectáreas.

Angel Seda, representante de Royal Realty Group, promotora de proyectos inmobiliarios en Colombia, Ecuador y Perú, estima que las ventas de esos bienes raíces generarán una facturación de 470.000 millones de pesos. Cuando se produjo el frenazo de la obra, ya tenían vendidos 160.000 millones de pesos, que corresponden a la primera de las tres fases planeadas. Los ingresos cuantiosos provendrían de la comercialización de 36 locales comerciales, situados en el primer nivel del proyecto, que da sobre la variante Las Palmas. A ello se suman 144 apartasuites y 116 casas de campo. En la zona comercial, los precios de los locales oscilan entre 500 y 1.000 millones de pesos. Los apartasuites se mueven en un rango de 400 a 1.400 millones de pesos. Y las casas, fluctúan entre los 1.400 y los 3.000 millones de pesos.

En total, se diseñó un complejo mixto, de 120.000 metros cuadrados, que tendrá como fondo un bosque nativo protegido, de 17 hectáreas. ¿Y cuánto está en la actualidad en riesgo? De acuerdo con los datos de Seda, lo que ya está edificado demandó recursos por valor de 70.000 millones de pesos. A eso se suman 40.000 millones de pesos que vale hoy el lote, para un total de 110.000 millones de pesos. De este monto, 50.000 millones de pesos fueron consignados por los compradores en una fiducia, mientras que los socios comprometieron allí un capital de 20.000 millones de pesos. El Municipio de Envigado ha recibido beneficios apreciables con la obra. De hecho, por concepto de licencia de construcción y obligaciones urbanísticas este desarrollo inmobiliario ha nutrido sus arcas en 8.000 millones de pesos. Datos de los promotores indican que cuando por decisión judicial se produjo la parálisis de los trabajos, Meritage era fuente de empleo directo para 535 personas. Esa no es la única pérdida que se contabiliza.

Seda sostiene que cada día de inactividad les castiga el bolsillo a los socios en 150 millones de pesos. A la fecha de publicación de este informe, ese taxímetro ya marcaba 27.000 millones de pesos, una suma suficiente para comprar, en el mismo proyecto inmobiliario, 19 casas de las más económicas, o sea de 1.400 millones de pesos.

Los promotores aclaran que estas pérdidas no pueden ser recuperadas mediante el tradicional expediente de incrementarles los precios a los compradores, entre los que se cuentan, según afirman, magistrados, jueces y presidentes de empresas, cuyas fuentes de recursos pasan por la lupa de la fiduciaria, para evitar prácticas ilegales como el lavado de activos.

Las pérdidas tampoco se pueden compensar reduciéndoles a los inversionistas la tasa de ganancia que fue pactada. A estos últimos, según lo manifiesta Seda, se les ha garantizado la obtención de una tasa interna de retorno del 20 por ciento.

El lío del terreno

Por lo pronto, los únicos que tienen segura su ganancia en este negocio son los abogados, que en el caso de los promotores de Meritage han cobrado por sus servicios 2.500 millones de pesos.

Por el lado del reclamante del predio, de nombre Iván López Vanegas, su defensa jurídica la hace pro bono Víctor Mosquera Marín Abogados, una firma con oficinas en Colombia, Italia y Suiza.

Y, ¿para qué los abogados?

Seda recuerda que para comprar el lote, Corficolombiana, Colpatria y el Banco de Bogotá analizaron 20 años de tradición del inmueble, o sea el doble del tiempo que normalmente se toma. Todos, agrega, salieron limpios. Adicionalmente, Franscisco José Sintura, exvicefiscal General de la Nación, obrando como representante del Grupo Aval, le hizo un derecho de petición a la Unidad de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía. El informe también salió limpio, según respuesta que recibió el 9 de septiembre de 2013. Sustentados en esos hallazgos, en 2013 los promotores negociaron el lote en 32.000 millones de pesos con la Palma Argentina. La interlocución se hizo con María Cecilia Uribe Quintero, quien les contó que en octubre de 2007 ella también había hecho un estudio de títulos y realizado rastreos en la Fiscalía, aunque no tan completos, para poder comprarles el predio a Mónica Marcela Rendón Gil y a la modelo Tatiana Gil Muñoz.

Según declaraciones de López Vanegas a la Fiscalía, Tatiana Gil Muñoz fue novia de su hijo, Sebastián, y luego esposa de Guillermo Arango, un comerciante apodado “Gurú”. A López se le preguntó, a través de su abogado, sobre la relación de la modelo Gil en el presunto despojo de su lote y sobre cómo era que ella, la exnovia de su hijo, terminó figurando como dueña del predio tres años después. López Vanegas invocó la reserva del sumario, pues, como también consta en comunicado del 4 de agosto de 2016, que su abogado le envió a este diario, en junio de 2014 denunció en la Fiscalía, y lo reiteró en mayo de 2016, que desde septiembre de 2004 fue víctima de acciones criminales por miembros de “la Oficina de Envigado”, “siendo el último episodio criminal el efectuado en el mes de febrero del año 2015 y con las cuales logran despojarme del bien inmueble ubicado en la vereda Perico del municipio de Envigado, el cual adquirí en el año de 1994 con dineros provenientes de fuentes legítimas y que después de 22 años de su adquisición ninguna autoridad nacional y menos internacional ha puesto en duda su procedencia”.

El denunciante precisó que para el presunto robo los mafiosos de “la Oficina de Envigado” secuestraron en septiembre de 2004 a su hijo, lo obligaron a firmar un documento en blanco y “desde esta fecha se da inicio a una serie de transacciones precedidas de la ilegalidad, concluyendo con el despojo del lote”. Según la versión de fuentes de Meritage, en 2014 Iván López les pidió inicialmente 2.000 millones de pesos para dejarlos avanzar con su proyecto y luego subió la suma “para no enredar el caso”. Inclusive, anotaron, las partes se reunieron el 10 de junio de 2016 en la ciudad de Miami y allí la pretensión de López Vanegas subió a cerca de 60.000 millones de pesos.

Consultado sobre el tema, López argumentó que esa información hace parte integral de la reserva del sumario y que será en los estrados judiciales en donde presentará las pruebas que lo acreditan como víctima. Según fuentes de Meritage, en esa reunión del 10 de junio de 2016, López supuestamente amenazó y extorsionó a Angel Seda, quien luego lo denunció en el mes de diciembre en la Fiscalía. López, por su parte, manifestó que la reunión fue en julio de 2016, y, textualmente, afirmó que luego de la misma “presenté en mi nombre denuncia en los EE.UU. por las amenzas que me tranmitieron en dicha reunión, así mismo debo expresar que a partir de este momento me entero que he sido denunciado penalmente por el señor Angel Seda por esos supuestos delitos”. Por tal motivo, dijo que acatará la reserva legal del sumario y anunció que sus abogados estudiarán la “supuesta denuncia” de Seda para proceder legalmente.

Meritage, un codiciado proyecto bajo amenazas

La parálisis judicial del proyecto Meritage, en la vereda Perico de Envigado, está surcada por una trama de mafia, secuestro y presuntas amenazas de muerte.

Ese lote de 56 hectáreas, sobre el que se edifica un complejo hotelero, comercial y residencial valorado en cerca de medio billón de pesos, es el escenario de la disputa jurídica entre un antiguo extraditado e inversionistas extranjeros.

En los últimos seis meses, las obras en Meritage se detuvieron por las medidas cautelares que, en el marco de una investigación sobre extinción de dominio, aplicó la Fiscalía.

En una orilla de la disputa está Iván de Jesús López Vanegas, un ciudadano de Medellín que, tras haber sido absuelto en segunda instancia en un proceso por narcotráfico en EE. UU., reclama que el predio le fue arrebatado por la banda “la Oficina”.

Recomendamos: Así es el lío millonario que frenó a Meritage

El expediente judicial de esta historia comenzó a elaborarse el 03/7/14, cuando López rindió una declaración ante la Dirección de Crimen Organizado de la Fiscalía, acompañada después por una acción de tutela (N°110012204000 2016 0118300) en abril de 2016 en contra de la Fiscalía y las empresas inversionistas en el desarrollo del proyecto Meritage: Royal Property Group, Sociedad La Palma Argentina y Fiduciaria Corficolombiana.

En ambas diligencias, el reclamante recordó que fue detenido en Medellín en febrero de 2003, condenado en primera instancia en EE. UU. a 23 años por narcotráfico en 2005 y absuelto dos años más tarde con la apelación (26/7/07). Durante esa ausencia, los bienes quedaron a cargo de su hijo Sebastián López Betancourt.

El joven de 24 años fue secuestrado en la capital antioqueña y retenido en una finca del 13 al 16 de septiembre de 2004. Los perpetradores, según el testimonio de Iván López, fueron alias “Morro”, “Mandi” y “Pichi”, quienes actuaron bajo las órdenes de “Rogelio”. Todos ellos eran miembros de “la Oficina”.

Los secuestradores le advirtieron a Sebastián que su padre debía dinero, sin especificar de qué, y antes de liberarlo lo obligaron a firmar un documento en blanco y a estampar su huella digital.

De acuerdo con López, la firma del hijo fue usada para fraguar una venta irregular del lote Santa María de Las Palmas, ubicado en la vereda Perico de Envigado (matrícula inmobiliaria 001-719999).

La diligencia se realizó el 16/9/04 en la Notaría Segunda de Envigado, donde a través de una escritura pública el lote pasó a manos de José Luis Varela Arboleda. Según las pruebas aportadas por el afectado, este hombre resultó ser un vendedor ambulante afiliado al Sisbén, sin capacidad para comprar el predio y quien posteriormente adujo no haber participado en la supuesta venta.

A partir de allí, relató López, comenzó una cadena de ventas y traspasos, con las que la tierra fue subdividida en pequeños lotes y cambió de dueños en múltiples oportunidades, en medio de aparentes operaciones de testaferrato.

Averiguaciones

En sus declaraciones, Iván López señaló que por medio de un abogado le preguntó por su lote a Diego Murillo Bejarano (“don Berna”), el máximo jefe de “la Oficina”, quien fue extraditado en 2008. Este respondió desde prisión que no sabía de la situación.

En la cadena de compraventas del lote apareció como dueño Héctor Restrepo Santamaría, alias “Perraloca”, un exintegrante de las Autodefensas y presunto socio de la banda, quien se desmovilizó y se fue a vivir a La Florida, EE. UU. López también acudió a él para reclamar el predio.

La cita la consiguió por intermedio del comerciante antioqueño Guillermo Arango, apodado “Gurú”, de quien señaló: “siempre ha estado vinculado con negocios de tierras en Medellín y conoce todos los movimientos de tierra”.

“Gurú” le consiguió un número de teléfono a López, a través del cual concertó la cita con “Perraloca” en diciembre de 2011, en Miami. En la tutela reza que este le ofreció una finca en Cartagena o $10 mil millones para solucionar el lío, pero que la negociación fracasó porque la finca no tenía los papeles al día y además “Perraloca” fue arrestado por las autoridades estadounidenses semanas después.

Luego de estas averiguaciones, López inició en julio de 2014 el proceso judicial para recuperar el bien, es decir, 10 años después de la presunta usurpación. Dijo que esperó tanto tiempo por miedo a “la Oficina”, y que solo procedió al enterarse que las personas involucradas en el secuestro de su hijo habían muerto.

La acción de tutela instaurada por Iván López fue fallada en su contra, mas el juez compulsó copias a la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro para que hicieran las respectivas pesquisas.

Por la Superintendencia, la investigación la asumió su Grupo Interno de Trabajo Jurídico, que realizó la trazabilidad de escrituras del lote.

Para sorpresa, entre las decenas de propietarios apareció en 2006 la top model paisa Tatiana Gil Muñoz, exnovia de Sebastián, hijo de Iván López.

La mujer, después de esa relación, se casó con Guillermo Arango (“Gurú”), quien según Iván López resultó ser comisionista en una de las ventas del lote.

Después de Tatiana Gil, el predio pasó a manos de María Cecilia Uribe Quintero en 2007, y en 2013 fue comprado por los inversionistas que impulsan el proyecto Meritage.

Denuncia de extorsión

En la otra orilla del litigio judicial, están los desarrolladores del complejo Meritage: Sociedad La Palma Argentina, Fiduciaria Corficolombiana y Royal Property Group. El representante de esta última compañía es el estadounidense Angel Seda, quien desde 2007 se radicó en Medellín y ha participado en otros proyectos inmobiliarios y hoteleros en esta ciudad, Guatapé y Cartagena.

Seda indicó que en 2014, cuando ya estaba en marcha el proyecto, con ventas incluidas, comenzó a escuchar los rumores de la reclamación que hacía Iván López. La situación le extrañó, pues dentro de los trámites legales adelantados para la compra del lote había dos certificaciones de la Fiscalía, que reiteraban la transparencia del bien adquirido. La primera data del 30/10/07, cuando María Cecilia Uribe (Sociedad La Palma Argentina) les compró la tierra a Tatiana Gil Muñoz y Marcela Rendón Gil; en ese entonces, la Fiscalía de Extinción de Dominio comunicó de manera escrita que ni las vendedoras ni el lote estaban involucrados en investigaciones penales.

El segundo es del 09/9/13, donde la misma Unidad de Extinción de Dominio, en respuesta a un derecho de petición, estudió los registros de 30 personas naturales y jurídicas que aparecían relacionadas con el terreno en el pasado, conceptuando que no aparecían expedientes en curso contra ellas.

Además, los desarrolladores de Meritage cuentan con un Estudio de Títulos de la firma legal Otero y Palacio, que el 23/7/13 emitió un concepto favorable.

De acuerdo con Seda, él fue contactado por Iván López a través de abogados, y este le habría solicitado el pago de $2.000 millones a cambio de desistir de la reclamación. Considerándose un comprador de buena fe en referencia al predio, Seda no aceptó la propuesta. No obstante, el 10 de junio de 2016 se concretó una cita en el hotel Marriot de Miami, tratando de llegar a un entendimiento. Según el ciudadano extranjero, la reunión se tornó agresiva: “me dijeron que sus pretensiones subieron a $60 mil millones, también explicaron que ellos tenían grandes influencias en la Fiscalía y me mostraron fotos de mis niños (por celular) y me explicaron que si no pagaba a ellos les podía pasar algo”. Seda narró también que ha sido víctima de amenazas en otras dos oportunidades, por desconocidos que lo han abordado a la salida de su lugar de trabajo, razón por la cual tuvo que sacar a su familia del país. Estas cuestiones las radicó en una denuncia por extorsión, formulada el pasado 19 de diciembre en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. Al respecto, Iván López se declaró sorprendido.

¿En qué va el proceso?

Con base en las evidencias preliminares, la Fiscalía 44 adscrita a la Dirección de Extinción de Dominio, el pasado 22 de julio resolvió suspender el poder dispositivo y embargar el lote (radicado N°13641), “con el fin de bloquear jurídicamente los inmuebles y no permitir más negociaciones a futuro hasta que se confirmen con probabilidad de verdad las afirmaciones de Iván López Vanegas, quien entre otros debe ser objeto de investigación por sus presuntos vínculos con el narcotráfico”.

Las obras quedaron empezadas, 535 empleados tuvieron que ser despedidos y las pérdidas para los desarrolladores alcanzan los $150 millones diarios, según ellos.

El exvicefiscal Francisco José Sintura Varela, quien actúa como abogado de la Fiduciaria Corficolombiana, instauró un recurso de control de legalidad en septiembre de 2016, pidiendo el levantamiento de las medidas cautelares aplicadas por la Fiscalía. Argumentó, entre otras cosas, que la medida no era razonable ni proporcional y que el ente acusador no tuvo en cuenta que los afectados son adquirientes de buena fe.

“Se presenta una curiosa paradoja: para adquirir (el predio), le pregunto a la Fiscalía si a la fecha de mi pregunta puedo hacerlo con tranquilidad, la Fiscalía certifica que no encuentra razón o investigación activa sobre el bien, ni sobre la cadena de adquirientes; compro el inmueble y después la Fiscalía me dice que sí existía mácula sobre el bien producto de una denuncia tardía sobre hechos ocurridos 10 años atrás, a los que da plena credibilidad, pasando por encima de mi derecho como tercero diligente y adquirente de buena fe (…)”, sustentó el jurista, aportando sus pruebas.

El 20/10/16 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, falló a favor de las pretensiones de la Fiscalía (radicado N° 05000 3120001 201600006).

Entre sus conceptualizaciones, el juzgado señaló que esta instancia procesal no era el escenario para discutir si los desarrolladores eran o no un tercero de buena fe exento de culpa. Ese tema se debatirá más adelante dentro del litigio.

Los afectados apelaron este fallo ante el Tribunal Superior de Medellín (octubre 26 de 2016). En su reclamo, incluyeron un concepto jurídico del exvicefiscal Wilson Martínez, corredactor de la ley del Nuevo Código de Extinción de Dominio. El penalista enfatizó que “las medidas de prudencia aplicadas por la Fiduciaria Corficolombiana fueron superiores a la debida diligencia mínima exigida por la regulación colombiana”.

En la actualidad, las partes están a la espera del fallo del Tribunal sobre esta apelación, mientras el mugre y el abandono se aferran a las estructuras construidas de Meritage.

Angel Seda se lamentó por la inseguridad jurídica del país, “que termina afectando las inversiones de extranjeros, a pesar de que actúen bajo las normas establecidas”.

Iván López ha manifestado que puede probar que compró el lote en 1994 con dineros lícitos, como parte del patrimonio familiar; y los desarrolladores insisten en que lo adquirieron en 2013 por vías igualmente legales.
Hasta el momento, en los estrados controvierten dos actores con sus respectivas posturas jurídicas, cada uno sintiéndose amenazado por la sombra de una banda que hace años pretende quedarse con el codiciado lote