En Envigado siguen sin ponerse de acuerdo sobre el cobro de valorización

Fuente: El colombiano. Periodista ELIZABETH CORREA LONDOÑO – GENTE ENVIGADO | PUBLICADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015
 Infografía
 11 Proyectos viales se construirán con los recursos recaudados mediante valorización.
 78000 propietarios deberán pagar valorización en este municipio del sur del Valle de Aburrá.
Con una primera jornada abarrotada de público y una segunda, con él más disminuido, se llevó a cabo el cabildo abierto que solicitó el grupo Afectados Valorización Envigado (Ave), movimiento liderado por el concejal y excandidato a la Alcaldía Andrés Torres, para exponer los argumentos en contra de la contribución. Este mecanismo de participación ciudadana fue solicitado hace 6 meses, pero tuvo que esperar el fallo de una acción de tutela y la ratificación del mismo por parte del Tribunal Superior de Medellín, para que se llevara a cabo en el Concejo.

Así, el pasado 28 de octubre, 6 cabildantes intervinieron —Diana Carolina Gómez, de Ave; William Mejía, Jesús Martínez e Hilda Castaño, de la veeduría con registro 135; Ramiro Vargas, excandidato y quien interpuso una acción de nulidad en contra del cobro, y Viviana Alzate, una propietaria— para abordar diferentes temáticas: los hallazgos legales y las irregularidades encontradas por Ave en el derrame, el error en el cálculo del beneficio, los errores en algunas liquidaciones, la poca demostración de la capacidad de pago de los propietarios y el proceso que ha seguido la veeduría con registro 135, para llevar sus hallazgos a los entes de control, los medios de comunicación y los residentes.

La mayoría de estos asuntos ya han sido abordado en Gente, pero recordemos algunos: quienes se oponen a la financiación de los proyectos del megaplán de movilidad por valorización aseguran que la mayoría de los afectados con la contribución no fueron lo suficientemente informados sobre ellos, es decir, que hubo poca socialización; que la notificación del valor a pagar no incluyó los anexos para realizar un adecuado recurso de reposición ante Planeación; que el Plan de Desarrollo de la actual Administración municipal no contempla la financiación de las obras por valorización; que hubo errores en la liquidación de algunos predios debido a inconsistencias en los avalúos de las propiedades; que las obras en sí mismas no solucionan el problema de movilidad en el territorio; que hubo un error en el cálculo del beneficio —según sus afirmaciones no son de casi 2 billones de pesos, sino apenas de 123 millones de pesos—; que las obras no son necesarias ni pertinentes, y que antes que ampliar las vías se debe fortalecer los mecanismos de planeación y de control a la urbanización, que son las que, en últimas, causan más motorización.

(Lea aquí: Ya son cuatro obras que paga la valorización en Envigado)

Una vez fueron escuchadas estas voces, culminó la sesión y se dio cita para la audiencia, en la que la Administración municipal debía responder a las anteriores afirmaciones. Se llevó a cabo el pasado cuatro de noviembre y, como ya se dijo, con un número menor de asistentes.

Juan Carlos Montoya, director del Departamento Administrativo de Planeación, fue el vocero de la Alcaldía y, aunque no leyó el documento de 56 páginas que contenía las respuestas (prometieron colgarlo en la página del municipio), hizo un breve resumen de su contenido.

En su intervención destacó que la financiación de obras viales por valorización no es nuevo en Envigado, pues por este recurso fueron construidas las paralelas de la quebrada La Ayurá y el Intercambio Los Fundadores, por poner dos ejemplos.

También precisó que el Estatuto de Valorización Municipal permite dos formas de hacer el cobro: por beneficio local, que tiene en cuenta la cercanía de las obras a las propiedades, y el beneficio general, en el que más que la ubicación de la propiedad, pesa la capacidad económica de la tierra. Este segundo, señaló, fue el que se tuvo en cuenta para financiar las obras del megaplán de movilidad.

Montoya admitió que la Administración cometió algunos errores en la liquidación del valor a pagar en algunas propiedades— por imprecisiones en la altura de los edificios y por datos desactualizados de propiedades horizontales—, pero, aseguró, “se están haciendo las correcciones y las verificaciones correspondientes”.

El funcionario no se pronunció sobre el error en el cálculo del beneficio. Sin embargo, en un documento remitido a Gente y a la veeduría con registro 135, el Municipio aceptó “una inapropiada cuantificación de los beneficios por la disminución de los costos de operación de los vehículos”.

Lo que sí recalcó el director de Planeación es que este rubro puede ser incluso mayor al calculado y no afecta el proceso de valorización, porque de los primeros casi dos billones de pesos calculados solo se tuvieron en cuenta 13.906 millones de pesos para hacer la liquidación del valor a pagar por parte de los 78.000 propietarios.

Afirmó, además, que el estudio que realizó la Universidad Nacional de Colombia demostró que los envigadeños sí tiene capacidad de pago para responder por esta contribución, y los que definitivamente consideren que no pueden asumir este cobro, pueden, con pruebas, demostrar su incapacidad y acceder al beneficio de la congelación por 18 meses (cumplido el tiempo se estudia de nuevo las condiciones del propietarios para extenderla o reactivar el cobro) o la ampliación de la financiación. Y recordó que los propietarios de estratos 1 y 2, con una sola vivienda (en la que vivan), no pagan la contribución, pues esta la asume el municipio.

Frente a la acusación por la poca socialización, el funcionario puntualizó que se han realizado 60 reuniones informativas sobre el megaplán de movilidad, más de 80 artículos informativos en medios de comunicación y destacó la participación de 2139 propietarios en la elección de la Junta de Representantes, quienes velaron por la transparencia del proceso y lograron la exclusión de una obra que iba a ser financiada por este mecanismo.

Y para cerrar, habló sobre la contundencia de la respuesta de los propietarios frente al pago. A la fecha, dijo, se han recaudado 75.934.291.662 pesos de los 205.602.487.882 pesos que cuestan los 11 proyectos viales. Este valor, precisó, no incluye 20.510.325.000 pesos que debe asumir el municipio por la exoneración de los estratos 1 y 2, los tratamientos especiales, los bienes públicos, los bienes afectados a utilidad pública y demás.

Destacó también que el 90 % del recaudo corresponde a pagos de contado y el 10 % restante a las cuotas iniciales y los abonos de capital. Para el funcionario, esta es una evidencia de que no todos los envigadeños están en contra del cobro de la valorización.

Para cerrar

Ambas jornadas, tanto la de exposición de argumentos en contra como la audiencia de respuestas, estuvieron marcadas por momentos de tensión. Algunos minutos fueron dedicados a denunciar la participación de funcionarios en empresas de construcción, a reclamar por el no uso de los recursos recaudados por obligaciones urbanísticas para financiar las obras y reclamar la no inclusión de Envigado en el Área Metropolitana, para buscar otros mecanismos de financiación (esta Alcaldía sí quiso ser parte de la entidad, pero el Concejo no lo aprobó).

(Lea aquí: La dinastía liberal en Envigado completa 43 años en el poder)

En últimas no se llegó a ningún acuerdo frente al cobro. Las acciones judiciales en marcha siguen su curso, así que queda en la voluntad de la próxima Alcaldía —lo anunció en campaña— la revisión del proceso para tratar de acercar estas posiciones que continúan bastante encontradas.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

PARA SABER MÁS¿QUÉ ES UN CABILDO ABIERTO?

 Según la Registraduría Nacional, “es la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Se encuentra reglamentado por el artículo 9 de la Ley 134 de 1994 (por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana). Para solicitarlo, se requiere que el comité que impulsa la iniciativa recopile en los formularios entregados por la Registraduría un número de firmas no inferior al 5 por 1000 del censo electoral de la circunscripción correspondiente. [Sin embargo], los resultados de un cabildo no son decisiones vinculantes. Es decir que no son de obligatorio cumplimiento para el mandatario o la corporación a la que le atañen los efectos de las discusiones y conclusiones logradas”.